Amnistía Internacional denunció que, tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, se produjo un aumento de detenciones sistemáticas vinculadas a desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional (AI) alertó sobre un “aumento drástico” de detenciones ocurridas de “forma sistemática” en Venezuela desde el 28 de julio de 2024. Una fecha de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó como ganador al mandatario Nicolás Maduro. En su informe Detenciones sin rastros: el crimen de desaparición forzada en Venezuela, la organización afirmó que existen “elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”. Vinculó estas prácticas a una estrategia estatal organizada. “Así lo demuestra el alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales puestos al servicio de esta práctica”, sostiene el documento, que examinó 15 casos desde julio de 2024.
Según el informe, entre las víctimas hay ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay. AI advirtió que la implicación de “figuras del más alto nivel del Estado en la identificación y estigmatización pública de las víctimas. Así como la subordinación del aparato de justicia a la política represiva del Gobierno de Nicolás Maduro. Algo que constituyen elementos fundamentales que permiten acreditar su carácter sistemático”.
El texto señaló que las desapariciones de corta duración no solo fueron sistemáticas, sino también generalizadas. Distintos mecanismos internacionales reportaron estos hechos, que ocurrieron en varias regiones del país y fueron ejecutados por diversos cuerpos de seguridad.
Amnistía vinculó los hechos con crímenes de lesa humanidad
Amnistía Internacional consideró que estos hechos “coinciden con los elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”. Además, recomendó que sean investigados según los estándares de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. El documento también pidió deslindar responsabilidades hasta “el máximo nivel en el aparato del Estado”. En esa línea, indicó que esto incluiría “no solo a las altas figuras del Gobierno, sino también a aquellos funcionarios del sistema de justicia. Quienes por acción u omisión, han facilitado, encubierto o legitimado la ejecución de esta política represiva”.
La organización describió un patrón común en las detenciones ocurridas tras las elecciones. “Las personas eran privadas ilegalmente de la libertad, y en muchos casos inmediatamente incomunicadas, o se negaba u ocultaba su detención, suerte y paradero”, señaló el documento. Agrega que además se les negaban garantías procesales como el derecho a la defensa, a ser oídas por un juez imparcial y a conocer los cargos o pruebas en su contra. También se las acusaba de delitos graves y ambiguos como “terrorismo”.
El informe cita definiciones legales y reportes internacionales
El informe citó el artículo 7(2)(i) del Estatuto de Roma. Este artículo define la desaparición forzada así: “Cuando un Estado o una organización política aprehende, detiene o secuestra a personas, o cuando autoriza, apoya o consiente estos actos, y luego oculta su responsabilidad, niega la privación de libertad o se rehúsa a revelar el paradero de las víctimas, intentando dejarlas sin protección legal por un tiempo prolongado”. También citó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. El mismo sostiene que “no se requiere un lapso mínimo de tiempo para calificar un hecho como desaparición forzada”.
AI afirmó que tras los comicios presidenciales se incrementó de forma notable la “práctica de desaparición forzada, sobre todo, desaparición forzada de corta duración, por parte de las autoridades venezolanas en contra de personas opositoras o percibidas como tales”. La ONG Foro Penal reportó 940 casos de presos políticos en Venezuela. Las autoridades detuvieron a la mayoría de ellos después de las elecciones.
Según EFE, el Gobierno venezolano y la Fiscalía niegan la existencia de detenciones por razones políticas. Alegan que las personas privadas de libertad habrían cometido distintos delitos. Esta versión es rechazada por organizaciones de derechos humanos y partidos opositores, que insisten en el carácter represivo de las detenciones y denuncian su carácter sistemático
Fuente: Canal 12